Imagen de una sesión del parlamento venezolano.
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El Supremo venezolano decide asumir las competencias del Parlamento por su desacato

Según el fallo para que se garantice el estado de derecho.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela decidió desde la medianoche del miércoles que asumirá las competencias del Parlamento, controlado por los opositores, debido a la persistencia del "desacato", un estatus que el Supremo impuso el año pasado a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) por el incumplimiento de varias sentencias.

"Mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho", reza una sentencia de dicha Sala.

La sentencia se conoce apenas un día después de que 20 países  en la Organización de Estados Americanos acordaran "apoyar el funcionamiento de la democracia" en Venezuela e "identificar soluciones diplomáticas" concretas a sus problemas.

La polémica decisión surgió en respuesta a un recurso de interpretación en el que cuatro abogadas pidieron al Supremo analizar el alcance de un artículo constitucional y otro de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.

Estos apartados establecen que la constitución de empresas mixtas "requerirá la aprobación previa" de la Asamblea, a la que la ley faculta a modificar las condiciones propuestas o establecer las que considere convenientes.

Sin embargo, el Supremo resolvió que "no existe impedimento alguno" para que el Ejecutivo constituya empresas mixtas, e indicó que éste deberá informar a la Sala Constitucional "de todas las circunstancias pertinentes a dicha constitución y condiciones".

Además, el TSJ subrayó que el Parlamento, "actuando de facto", no podrá modificar las condiciones propuestas ni pretender el establecimiento de otras condiciones en estas asociaciones.

Entre las consideraciones para decidir el Supremo recordó que la AN, que se instaló en enero de 2016 con una inédita mayoría opositora, incorporó a tres de los cuatro diputados del estado Amazonas (sur), cuya investidura ha sido impugnada y que por este caso todavía no hay una decisión.

La Asamblea alega que buena parte de los jueces que integran el Tribunal Supremo no son legítimos y fueron nombrados de forma irregular cuando el oficialismo perdió las últimas elecciones parlamentarias.

La Alta Corte, que hace apenas dos días también suspendió la inmunidad parlamentaria de los diputados, señaló que, mientras se mantenga el desacato, todos los actos del Legislativo son nulos y carecen de validez.

EFE

 

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